La FAGC y la represión. Solicitud de apoyo mutuo



Durante los 4 años de existencia de la Federación Anarquista de Gran Canaria el encontronazo con la represión policial y judicial ha sido una constante. Cuando estábamos inmersos en una campaña puramente disolvente y atacábamos a las instituciones político-financieras, criticábamos a los movimientos sociales profesionalizados, reventábamos manifestaciones a los sindicatos amarillos, o hasta cuando iniciamos una campaña contra el matonismo policial, no sufrimos tanto los efectos de la represión cómo ahora, que nos centramos principalmente en realojar a familias sin recursos.

Las autoridades prefieren que los anarquistas quemen los cajeros de los bancos a que ocupen sus viviendas abandonadas y las socialicen. Lo primero entra dentro del guión, es la imagen que esperan, queda bien en las portadas de sus periódicos; lo segundo los descoloca, no saben cómo criminalizarlo y sienta además un fatal precedente.

En el último año y medio, justo cuando menos recursos tenemos y cuando la represión o el exceso de trabajo ha ido menguando nuestro número, es cuando hemos llevado a cabo nuestra actividad más frenética y productiva. Sería difícil enumerar el número de familias realojadas, más aún el de personas (calculamos que desde mediados del 2013 más de 400 personas han vivido bajo techo gracias a la FAGC), y también el de inmuebles expropiados (a partir de la misma fecha, más de 200 viviendas han sido socializadas en distintos puntos de la isla). El mayor número de realojos se han dado en este último año, realojando a 102 personas en un sólo trimestre.

Esta actividad, que arroja un saldo de resultados tan positivos (al menos numéricamente), también se cobra su cuota de sangre y represión. La FAGC es la punta de lanza de una campaña de realojo cuyas consecuencias represivas paga en solitario. Aunque mediáticamente tengamos que exigir medidas legalistas para regularizar la situación de los realojados, esto es sólo la parte final de nuestra “política de hechos consumados”1. La realidad es que llegamos a ese punto después de un corolario de acciones meditadamente ilegales. Sí, vivimos necesariamente al margen de la legalidad, quebrantándola de forma sistemática: abrimos viviendas abandonadas, cambiamos sus cerraduras, facilitamos si podemos suministro eléctrico y acuífero, etc. A parte de eso nos implicamos en la gestión de comunidades humanas (más públicas o más discretas), enfrentándonos el desafío de saciar necesidades básicas con las pocas herramientas de las que disponemos. Estamos en el filo de una navaja bastante afilada que siempre tiende a cortar por el mismo sitio.

Pero no somos mártires ni inconscientes. No hacemos esto víctimas de un rapto de locura, deseosos de inmolarnos o bajo la incapacidad de medir las consecuencias. Siempre hemos sabido a lo que nos exponíamos. Simplemente nos hemos visto obligados, por sensibilidad, compromiso y convicción, a ayudar a los más desfavorecidos. Barajábamos que para cuando el Sistema se dispusiera a enseñar los dientes compondríamos ya parte de una pequeña guerrilla; la realidad es que esto se ha convertido más bien en una batalla de francotiradores. Empero, hemos de reconocer que ya habíamos hecho este calculo. Sí, es mucho y muy gratificante el reconocimiento por el trabajo realizado; pero si no tenemos a nuestro alcance redes anti represivas previamente organizadas, las amenazas de cárcel, los juicios y detenciones deben cargarse siempre sobre las mismas espaldas. Sin una coordinación que tenga transcendencia fuera de lo local, no podemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo al frente de lucha de la vivienda y simultáneamente a organizar dichas redes de solidaridad.

Muchos de nuestros compañeros y compañeras han temido por su seguridad y han decidido bajarse del tren en marcha; muchos realojados, precisamente los más comprometidos con devolver la solidaridad recibida, han seguido el mismo camino. Los más vinculados a la FAGC pagan sin apenas apoyos el precio de una actividad comprometida y también el de estas comprensibles “deserciones”. Compañeros concretos, los que más dan la cara y se exponen, son asfixiados con sanciones administrativas (multas por alteración del orden público en lugares en los que ni siquiera estaban o por producir altercados en manifestaciones a las que ni siquiera pudieron acudir), denunciados ad nauseam por los más peregrinos motivos, acribillados con reclamaciones kafkianas derivadas de la represión2, etc. La idea es inmovilizarlos, ahogarlos en papel, desangrarlos económicamente. La burocracia es otra forma de reprimir. En el peor de los casos se atan las manos del afectado enredándolo en interminables recursos y gestiones legales, y se le obliga (a él y a su colectivo) a invertir sus escasos recursos en abogados, procuradores, tasas y multas (más de 560 euros hemos gastados los últimos dos meses); en el mejor, alguna condena de cárcel. Muchas denuncias se van archivando o sobreseyendo, pero aún se le exigen a uno de nuestros compañeros 5 años de cárcel. La situación económica ha sido tan dura (ya que hemos tenido que desviar casi todos nuestros fondos a contener la represión) que nuestro silencio cibernético de los últimos meses se debe en gran parte a que no hemos tenido medios ni para costearnos Internet.

Visto lo visto, no queda más que solicitar la solidaridad de quienes apoyan nuestra labor. Cuando hicimos circular el número de cuenta para apoyar a la Comunidad “la Esperanza” en un primer momento se pensó que una parte podría ir destinada para los gastos anti represivos. Sin embargo, la propia FAGC rápidamente decidió trazar la frontera: el dinero de esa cuenta iría destinado exclusivamente a los gastos (de agua y similares) de la Comunidad, para de esa forma evitar equívocos y delimitar prioridades. Lo propusimos en asamblea y los vecinos aceptaron. Por tanto, todo lo donado se ha dedicado exclusivamente a ese menester. Ahora la soga represiva estrecha su nudo y nos vemos obligados a repetir el llamamiento, pero en este caso para soportar el acoso jurídico-administrativo-policial al que es sometida la FAGC. Sinceramente no tenemos muchas esperanzas en esta iniciativa. Las compañeras y compañeros más generosos de todo el Estado (e incluso de Alemania) han hecho ya tremendos esfuerzos para solidarizarse con nuestra labor a través de sus aportaciones a la Comunidad. Son individuos, colectivos y sindicatos que no reciben subvenciones de ningún tipo y que dependen de su trabajo o de las contribuciones de sus componentes para sobrevivir. No pretendemos, por tanto, que nadie tenga que hacer dos veces el mismo esfuerzo. No obstante, y para que no quede constancia de no haber gastado este último cartucho, hacemos este último llamamiento de solidaridad:

1º Primero nos gustaría ir tejiendo esa red a la que nos referíamos. Contactar con compañeras y compañeros dispuestos a dar cobertura ante un posible recrudecimiento de la represión que hagan llegar la información al menos a los medios contra informativos. Gente dispuesta a levantar la voz para que nuestros compañeros no puedan ser represaliados en silencio.

2º Que cualquier compañera o compañero versado en temas legales, abogados y procuradores se ofrezcan a asesorar y, en caso de ser necesario, a colaborar a unos precios asumibles, lejos de la sangría a la que actualmente estamos siendo sometidos.

3º Mientras esto se articula, necesitamos colaboración económica para hacer frente al aluvión de gastos judiciales que se nos están presentando y que han ocasionado que actualmente los principales afectados tengan sus cuentas bancarias embargadas. Para ello abrimos una nueva cuenta (saneada y segura) para que quien lo desee puede hacernos llegar su solidaridad (cualquier duda sobre la cuenta ponerse en contacto con nosotros en anarquistasgc@gmail.com):

ES45 0239 2026 6130 4004 8866

Usaremos la baza de la solidaridad pero si no sale cómo esperamos, nada de preocuparse compañeras y compañeros; no hay nada que nos haga desviarnos de nuestro camino. Las tácticas cambiarán, los proyectos morirán con la misma facilidad con la que renacerán otros, recapacitaremos y trazaremos nuevas vías, lucharemos en otras partes y de otros modos, pero nunca pararemos, nunca desviaremos nuestros pasos de nuestro objetivo prioritario: aproximar, para todos los que quieran construirla y vivirla, un poco de dura y bella Anarquía.

Reprimiendo pueden hacer que nos replanteemos nuevas formas de asestar nuestros golpes, pero no pueden, porque son incapaces, desarmarnos. Quizás nos estén obligando a ser más imaginativos e ingeniosos, a simplemente inventar nuevas formas de lucha que ni su rodillo represivo pueda aplastar. Sí, la FAGC podrá desaparecer algún día o cambiar de nombre (¿qué importan las siglas?), pero el espíritu que la impulsa es más fuerte que los grilletes del Estado, que sus calabozos, sus cárceles y sus leyes. Ya pueden usar todo su papel matasellado y su acero porque ni hundiéndonos bajo los tomos de todas sus leyes ni encerrándonos tras sus barrotes van a lograr detenernos. Hay cosas que no mueren. 

1.- Un banco o un organismo público jamás ofrecerá un alquiler social si no se le somete a esta política. No se les puede “pedir” la concesión de un alquiler sobre casas vacías; si queremos obtenerlo hemos de hacerlo sobre viviendas previamente ocupadas y forzarles a concederlo como única forma de resolver el conflicto. Su egoísmo intrínseco les hará optar por el “mal menor”.

2.- Advertimos: si la policía os agrade y no estáis de acuerdo con el parte de lesiones realizado durante la detención y decidís ir por vuestra cuenta a urgencias o al médico de cabecera, al referir que es una agresión se os cobrarán los gastos si en el plazo que os exige la seguridad social no presentáis la denuncia. Tres reclamaciones y amenazas de embargo tiene uno de nuestros compañeros que no ha conseguido hacer entender a ningún funcionario que aún está intentado reunir el dinero para interponer una querella en condiciones.